La consulta es una obligación internacional de los Estados de acuerdo con las disposiciones plasmadas en el Convenio 169 de la oit1 sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. En los años 2015 y 2016 el iidh, en cooperación con el Christensen Fund, realizó una consulta sobre su aplicación práctica en América Latina mediante la organización de tres foros regionales2 en los que participaron líderes indígenas, hombres y mujeres, de diferentes países. La conclusión central de esta investigación es que los Estados incumplen con dicha obligación respecto de las decisiones que les afectan y no se reconoce su derecho al veto, implícito en el principio del consentimiento previo, libre e informado. Aunado a esto, en los ejercicios realizados se evidenció la ausencia de buena fe estatal y la falta de claridad conceptual y práctica sobre ambos asuntos en el funcionariado concernido. En un contexto autoritario, la imposición de proyectos económicos, muchas veces violenta, suscita una elevada conflictividad. Todo ello trae como resultado la vulneración de los derechos al territorio y la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales y las comunidades afrodescendientes.
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